Derechos fundamentales, deberes públicos

Recientemente ha saltado a la luz pública que la casa de acogida de Guadalajara y el centro de urgencias destinados a las mujeres víctimas de la violencia machista han cerrado las puertas. El principal motivo es que a la empresa que estaba gestionándola ha dicho que no le salen las cuentas, no es rentable y, por lo tanto, ya no se hará cargo por más tiempo. Decisión, que según partes denunciantes, tomó a principios del año 2008. O lo que es lo mismo, hace justamente un año. Dicho y hecho. Y cerró sus puertas. Una casa de acogida que es de competencia regional, por lo tanto la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha es la responsable de la misma. Y es ahí donde radica el grave problema de todo esto.

Como decía, la parte contratante, la empresa gestora, dio a conocer a comienzos del pasado año su intención de no seguir con ella. En ese preciso momento tendría que ser la JCCM quien tomara la decisión, justo cuando vaya a terminar el contrato, de sacarlo a concurso público para que el interesado que quiera hacerse cargo lo pueda hacer el 1 de enero de 2009. Sin embargo, esto no ha sido así. Desde el grupo parlamentario socialista argumentan que no se podía hacer nada antes porque hasta que no se hace oficial el asunto (mes y medio antes de terminar el año) no tiene porqué intervenir el Ejecutivo Regional. Pero se avisó y no se sacó a concurso público. Grave el asunto, porque hasta la fecha sigue sin saberse nada. Y ni el tato entona el mea culpa.

Sin embargo, hay algo que me hace reflexionar más allá. La legislación vigente de Castilla-la Mancha obliga a que poblaciones con más de 25.000 habitantes tengan casas de acogida para las mujeres víctimas de los malos tratos. Pero la gestión se sacan a concurso público, o lo que es lo mismo gestión indirecta. Las fuerzas mayoritarias, PP y PSOE, están a favor de este tipo de gestión. Pero ¿no sería más lógico que, al menos, un mínimo de un centro en poblaciones de más de 25.000 habitantes sea de gestión pública para evitar situaciones con ésta? La respuesta es clara, para los políticos. No hace falta. Aunque nadie duda que es un servicio necesario, porque está destinado a mejorar las condiciones de unas personas que ven cómo atentan contra su propia integridad y su vida, nadie ve necesario que la solución para evitar cierres sea precisamente siendo público.

En serio, que alguien me explique las cosas, porque el resultado es el que es. Menos mal que la adjudiación indirecta está bien. Apaga y vámonos.

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Acerca de @jtrifero

Periodista. (Zaragoza, 1979). Estudié y crecí en Zaragoza. Me licencié en Periodismo (2004) y tengo un Máster de Gestión de la Información en la Organizaciones (Universidad de Murcia, 2011). Actualmente con el Doctorado sobre Periodismo de Datos y Big Data. Profesionalmente he trabajado en diversos medios de comunicación como Radio Ebro, Cadena SER Fraga y Calatayud, El Pueblo de Ceuta, Punto Radio Guadalajara Popular TV y Cadena COPE Guadalajara, El Faro de Murcia, Radio Águilas y, actualmente, La Opinión de Murcia.
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